La falta de liquidez es la principal causa del retraso en los pagos, con un 37%, según el último Barómetro de Prácticas de Pago elaborado por Crédito y Caución.
Redacción ‘MS’- Según el el último Barómetro de Prácticas de Pago de Indonesia publicado por Crédito y Caución, está aumentando la preocupación de las empresas por el comportamiento de pago de sus clientes, teniendo en cuenta la evolución de los primeros seis meses del año.
Actualmente, el 49% de las facturas se paga fuera de plazo, principalmente por problemas de liquidez de los clientes. Esto está motivando que la mayoría de las compañías rechacen ampliar el crédito comercial en las relaciones B2B, situando el crédito bancario como principal herramienta de financiación, con el 63%, muy por encima del crédito comercial o la financiación de facturas. Tan solo el sector farmacéutico muestra mayor flexibilidad en este sentido ya que el 66% de las ventas se realizan a crédito.
Junto a las tensiones de tesorería, las entidades también están sufriendo una acumulación de existencias, ya sea debido a un exceso de stock por precaución o a una menor demanda, lo que restringe aún más el capital circulante.
Otra de las consecuencias de la falta de liquidez es que los proveedores están acortando los calendarios de pago.
En este contexto, el 50% de las compañías esperan un aumento de las insolvencias y períodos de cobro más largos en los próximos meses como consecuencia de la incertidumbre actual en el comercio global, las tensiones geopolíticas y la ralentización del crecimiento económico. En el sector agrícola, el volumen de empresas que prevé un incremento de los impagos se eleva al 68%.
En general, las firmas recurren a una combinación de provisiones internas y externalización de la gestión del riesgo de crédito para de mitigar el riesgo de insolvencias.
De cara a los próximos meses, las compañías se enfrentan a otros retos como el aumento de los costes de producción que conlleva una reducción de los márgenes comerciales y supone un riesgo para la salud financiera de las compañías. Además, se muestran preocupadas por la creciente carga que supone el cumplimiento de la normativa, lo que está obligando a las empresas a revisar sus estructuras de costes.
