Por Isabel Cortés, Directora de Asesoría Jurídica de Alianzas y Gobierno de Seguros en Santander España
La industria aseguradora nunca ha estado tan regulada, tan expuesta a la tecnología ni tan orientada al cliente como en la actualidad. En este escenario de transformación acelerada, el reto ya no consiste únicamente en cumplir con un marco normativo cada vez más exigente, sino en hacerlo sin perder competitividad, capacidad de innovación y confianza del cliente.
Este entorno nos obliga a repensar el papel de la función legal dentro de las organizaciones aseguradoras e identificar las oportunidades para aportar valor estratégico al negocio.
Existen cuatro retos inmediatos que merecen una reflexión especial. El primero es la hiperregulación. El volumen y la complejidad de la normativa aplicable al sector asegurador han crecido de forma exponencial, tanto a nivel nacional como europeo. Ya en 2025 la Comisión Europea compartía la “Brújula para la Competitividad”, situando la simplificación normativa como uno de sus ejes transversales y reconociendo la importancia de reducir cargas administrativas, armonizar requisitos regulatorios y facilitar la innovación y competitividad de las empresas europeas. En esta línea, durante 2025 se presentaron distintos paquetes ómnibus para simplificar el marco regulatorio europeo, pero todavía queda mucho trabajo por delante.
En este contexto, el reto para las áreas jurídicas no es solo cumplir con el complejo marco normativo, sino proporcionar seguridad jurídica y orientación estratégica. La asesoría jurídica tiene un rol esencial y el tándem negocio-asesoría es imprescindible para anticipar los impactos en productos y modelos de negocio, y contribuir a que la regulación no sea un obstáculo para la innovación y el crecimiento.
«El entorno nos obliga a repensar el papel de la función legal dentro de las organizaciones aseguradoras e identificar las oportunidades para aportar valor estratégico al negocio».
El segundo reto es el fortalecimiento del gobierno corporativo y la creciente responsabilidad de los órganos de administración. Hoy el foco regulatorio se sitúa en cómo se toman las decisiones, quién las adopta y con qué información. La buena gobernanza ha dejado de ser un requisito formal para convertirse en un elemento esencial de sostenibilidad, reputación y confianza frente a supervisores, socios y clientes.
En tercer lugar, qué duda cabe que la digitalización y la inteligencia artificial están transformando el seguro a gran velocidad. El uso de herramientas que impulsan la automatización de procesos, la tarificación avanzada o la prevención del fraude aportan eficiencia, pero también generan nuevos riesgos legales. El desafío consiste en integrar la innovación tecnológica de forma ética y responsable, anticipando riesgos y garantizando el respeto a principios básicos como la transparencia, la privacidad y la no discriminación.
Por último, el cliente se consolida como eje central del modelo asegurador. La normativa refuerza las exigencias de claridad y protección del asegurado, lo que obliga a simplificar mensajes y procesos en un entorno de productos cada vez más complejos. En este contexto, generar confianza es tan importante como diseñar soluciones técnicas solventes.
Estos retos confirman que la función jurídica en el sector asegurador ha evolucionado de forma decisiva. Hoy, más que nunca, debemos actuar como socios estratégicos del negocio, ayudando a traducir la norma en decisiones claras, responsables y orientadas al cliente, aportando criterio y construyendo soluciones prácticas que permitan a las entidades competir en mercados maduros, innovar con seguridad y responder a las expectativas de clientes cada vez más informados y exigentes.
