Mari Carmen Mohedas, abogada de ARAG, nos cuenta qué tipos de derechos tienen las parejas de hecho y qué diferencias hay entre Comunidades.

En España, los derechos de las parejas de hecho no se regulan de manera uniforme en todo el territorio, ya que no existe una ley estatal única. Por eso, los efectos jurídicos pueden variar según la comunidad autónoma.

En muchas comunidades autónomas, registrarse como pareja de hecho es necesario para que la unión produzca efectos jurídicos. En algunos territorios la inscripción tiene carácter constitutivo, es decir, la pareja solo se considera formalizada desde ese momento. En otros, tiene un valor declarativo y sirve principalmente como medio de prueba. Además, puede exigirse un periodo mínimo de convivencia o admitirse la existencia de descendencia común como forma de acreditar la estabilidad de la relación.

Como regla general, la pareja de hecho no tiene derechos sucesorios automáticos como sí ocurre con el cónyuge viudo. Esto significa que es recomendable otorgar testamento. En algunos territorios con derecho civil propio, como Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón o Baleares, la normativa puede reconocer efectos sucesorios más amplios o una mayor equiparación con el matrimonio, pero no puede darse por hecho en todo el país.

También hay que tener en cuenta qué ocurre si la pareja se rompe. En muchas comunidades, la normativa permite que las personas convivientes firmen pactos económicos para prever qué sucederá si la relación termina. Cuando no existen pactos, la situación puede ser más compleja. En algunos territorios se prevén compensaciones si la convivencia ha generado un desequilibrio patrimonial entre las partes, por ejemplo, cuando una de ellas ha trabajado para el hogar común o para la otra persona sin recibir una contraprestación adecuada.

En el IRPF, las parejas de hecho no pueden presentar declaración conjunta como unidad familiar formada por ambos miembros de la pareja.

Las parejas de hecho pueden acceder a ella si cumplen los requisitos establecidos por la normativa de la Seguridad Social. Entre ellos, suele exigirse acreditar la existencia de la pareja mediante inscripción en un registro específico o documento público, con una antelación determinada al fallecimiento, además de demostrar una convivencia estable durante el periodo exigido legalmente.