Fernando Peña López durante una Charla Legal de Fundación Inade sobre no discriminación en seguros y derecho al olvido oncológico

Las aseguradoras deberán justificar y documentar cualquier diferencia de trato basada en discapacidad o condiciones de salud

Redacción Muy Segura.- La última edición de las Charlas Legales de Fundación Inade ha analizado las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Ley de Contrato de Seguro, que regulan la no discriminación por razón de discapacidad, VIH/SIDA y otras condiciones de salud, incluido el derecho al olvido oncológico.

La sesión contó con la participación de Fernando Peña López, director de la Cátedra Fundación Inade-UDC y catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña, quien abordó las implicaciones prácticas de estas normas para las entidades aseguradoras.

Discapacidad: cualquier diferencia deberá estar objetivamente justificada

La primera parte de la jornada se centró en la disposición adicional cuarta de la Ley de Contrato de Seguro, modificada por la Ley 4/2026, que entró en vigor el pasado 23 de octubre. La norma prohíbe denegar el acceso al seguro, establecer procedimientos de contratación diferenciados o imponer condiciones más gravosas por razón de discapacidad, salvo que existan causas objetivas, justificadas, proporcionadas y documentadas previamente.

La regulación establece además que el sector asegurador deberá garantizar la plena accesibilidad de sus servicios y ofrecer un trato adecuado a las personas con discapacidad.

Durante la sesión se explicó que ambas exigencias —evitar procedimientos discriminatorios y garantizar la accesibilidad— no son incompatibles. En la práctica, puede ser necesario adaptar documentación o canales de comunicación a las necesidades de personas con discapacidad visual o auditiva, siempre que esas medidas tengan como finalidad eliminar barreras y facilitar el acceso al seguro en igualdad de condiciones.

La Charla Legal abordó también la utilización de información relacionada con la discapacidad durante la contratación. Según explicó Peña López, el asegurador puede formular preguntas dentro del cuestionario previsto en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, pero cualquier consecuencia contractual derivada de esa información deberá responder a una justificación objetiva, proporcionada y previamente documentada.

Inteligencia artificial y riesgo de discriminación

Otro de los puntos analizados fue el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de suscripción.

Durante el debate se señaló que estas herramientas pueden generar riesgos de discriminación cuando se utilizan datos o modelos que reproducen sesgos, por lo que las entidades deberán disponer de mecanismos de supervisión capaces de detectar y corregir posibles tratamientos injustificados.

Este aspecto adquiere especial relevancia en un contexto de creciente digitalización de los procesos de contratación, en el que la automatización debe convivir con las obligaciones legales de igualdad de trato, accesibilidad y adecuada valoración del riesgo.

Olvido oncológico: cinco años sin recaída

La segunda parte de la sesión se centró en la disposición adicional quinta de la Ley de Contrato de Seguro, relativa a la no discriminación por VIH/SIDA y otras condiciones de salud.

La norma prohíbe denegar el acceso a la contratación, establecer procedimientos diferentes o imponer condiciones más onerosas por estos motivos salvo que existan causas justificadas, proporcionadas y razonables, documentadas previa y objetivamente.

Especial atención recibió el derecho al olvido oncológico, incorporado a la normativa en 2023. Una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior, las aseguradoras no pueden denegar el seguro, establecer procedimientos diferentes, imponer condiciones más onerosas ni discriminar de otro modo a una persona por haber sufrido una patología oncológica.

En este supuesto, a diferencia de otros casos contemplados en la disposición adicional quinta, la ley no establece una excepción basada en una valoración individual del riesgo una vez cumplido ese plazo.

La sesión permitió así revisar el equilibrio que busca la Ley de Contrato de Seguro entre la correcta evaluación técnica del riesgo y la protección frente a prácticas discriminatorias, una cuestión con creciente relevancia ante la digitalización de la contratación y el refuerzo de los derechos de accesibilidad e inclusión.