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Siete de cada diez españoles se han planteado emprender acciones legales, pero menos de la mitad llega a hacerlo

Redacción Muy Segura.- Defender los propios derechos no siempre termina convirtiéndose en una acción legal. Aunque el 68% de los españoles afirma haberse planteado alguna vez denunciar, reclamar o acudir a los tribunales, solo un 30% ha llegado a hacerlo, según el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal.

El estudio, difundido con motivo del Día Europeo de la Justicia, refleja una brecha significativa entre la voluntad de ejercer los propios derechos y la decisión final de iniciar un procedimiento. El 38% de los ciudadanos reconoce habérselo planteado, pero haber renunciado finalmente.

El principal freno es económico. El 71% considera que disponer de un abogado resulta muy caro, una percepción que, según onLygal, atraviesa los distintos perfiles socioeconómicos.

Coste, complejidad y desgaste frenan las reclamaciones

El dinero no es, sin embargo, la única barrera. Los encuestados señalan también la complejidad de los procedimientos, el deseo de evitar problemas y estrés y la incertidumbre sobre cómo terminará el proceso.

A ello se suma la percepción sobre los tiempos de la justicia: el 41% de los españoles considera que los procedimientos son tan lentos que no merece la pena denunciar o demandar.

“Muchas personas saben que tienen un problema legal y se plantean actuar, pero terminan descartándolo porque consideran que el proceso será demasiado caro, complicado o largo”, explica Gemma Viñuales, abogada de onLygal.

La especialista destaca por ello la importancia de poder acceder a asesoramiento desde las primeras fases del conflicto, cuando todavía es posible entender qué derechos existen, qué alternativas hay y qué consecuencias puede tener cada decisión.

El 58% demandaría si no existieran barreras económicas ni de tiempo

El Barómetro muestra hasta qué punto estos obstáculos condicionan la actuación de los ciudadanos. Si emprender una demanda no supusiera coste económico ni consumo de tiempo, el 58% asegura que reclamaría frente a alguna persona o entidad.

La Administración Pública ocupa el primer lugar entre los posibles destinatarios de esas acciones, mencionada por el 19% de los encuestados. Le siguen las empresas en las que trabajan, las compañías de servicios y suministros y las entidades financieras.

La transparencia aparece también como un factor decisivo. Los aspectos más valorados al contratar servicios legales son conocer previamente las tarifas y el funcionamiento de los costes, así como disponer de información clara sobre los procedimientos y los plazos previstos.

Un abogado de confianza para hacer valer mejor los derechos

Otro de los datos especialmente significativos del estudio es la demanda de acompañamiento profesional: el 69% de los españoles desearía disponer de un abogado de confianza al que recurrir cuando lo necesitara, y el 54% considera que, si contara con él, haría valer más sus derechos.

La necesidad de apoyo se relaciona también con el grado de conocimiento jurídico. El 70% admite desconocer en buena medida sus derechos y solo un 20% afirma conocer cómo funciona el sistema judicial, datos que onLygal ya viene señalando en su análisis sobre la relación de los ciudadanos con la información jurídica.

Para la compañía, avanzar hacia una protección jurídica más accesible, comprensible y cercana implica actuar antes de que el conflicto llegue a los tribunales y facilitar que las personas puedan identificar un problema, conocer sus opciones y decidir con mayor seguridad.

“El acceso a la justicia comienza mucho antes de llegar a un tribunal. Empieza cuando una persona puede identificar un problema legal, comprender qué derechos tiene y contar con el asesoramiento necesario para decidir cómo actuar”, concluye Viñuales.