La mitad de las multinacionales en Europa contempla incorporar en el corto plazo criterios ESG a los incentivos para sus empleados

Redacción ‘MS’- Mercer ha llevado a cabo un estudio entre 106 organizaciones en la Unión Europea y Reino Unido sobre las principales consideraciones relativas a los aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) y su relación con los incentivos concedidos en 2021. El objetivo es aportar información sobre los enfoques adoptados para la incorporación de los criterios ESG en el diseño y la aplicación de la remuneración fija, los planes de incentivos y la percepción de los empleados acerca de la importancia de estos parámetros para su empleador. Así lo expresa a través de un reciente comunicado.

El estudio refleja que el 51% de las organizaciones incorporan o van a incorporar a corto plazo los criterios ESG a sus incentivos. En la actualidad, menos del 30% de las empresas disponen de métricas de este tipo en su bono anual, mientras un tercio de los participantes tiene en cuenta estas medidas a la hora de fijar los niveles salariales. A estos se suma el 26% de las organizaciones, que dicen que ya tienen planes de incorporar estos criterios. También predominan los enfoques basados en establecer un salario digno o un salario mínimo global.

Existe además una minoría que también está centrando su atención en los planes de pensiones o la reorientación de las estrategias de inversión hacia aquellos fondos de pensiones que contemplan estas métricas. Las reducciones de CO2 y la sostenibilidad medioambiental ocupan el segundo y quinto puesto entre las métricas de los ESG más importantes para una organización.

“Las organizaciones deben considerar qué ámbitos son más importantes para su estrategia y sus propuestas de valor para inversores, clientes y empleados. Algunos mercados, como Francia y Alemania, avanzan más rápido en la aplicación de los criterios ESG, ya que han priorizado estos parámetros en años recientes. Pero en general, esperamos que la práctica se vuelva cada vez más generalizada en las economías occidentales”.

Mara Do Campo, Senior Consultant de Mercer.

El informe analiza la extensión de los criterios de buen gobierno a aquellos stakeholders que se relacionan con las organizaciones: actualmente la mitad de las empresas encuestadas ya exige que los proveedores y contratistas apliquen códigos de conducta, salarios dignos o normas sobre seguridad, higiene y medio ambiente.

Muchas de las organizaciones que participaron en el estudio son grandes multinacionales globales que aplican políticas globales. De las 106 organizaciones que participaron, 39 tenían su sede en el Reino Unido y el resto en la Unión Europea.