Redacción ‘MS’- Según los datos recogidos en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto del Estado más de 4,5 millones de personas presentaban algún tipo de discapacidad en la etapa del envejecimiento. Los datos, que con toda probabilidad han variado desde entonces, entre otros factores por la dinámica de la pirámide poblacional y las consecuencias directas e indirectas de la pandemia de COVID-19, muestran, por otro lado, a un mayor volumen de mujeres con discapacidad (2.540.400) que de hombres (2.043.900), hecho que puede tener relación con su mayor esperanza de vida.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, y que este año se conmemora el 3 de diciembre, esta entidad recuerda que «la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de «no dejar a nadie atrás» de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común».
Así lo detalla IMQ a través de un reciente comunicado.
Dentro del colectivo de personas con discapacidad, el proceso de envejecimiento presenta unas circunstancias específicas. Según señala Elena Beristain, directora de la residencia IMQ Igurco Araba, «hace años era impensable que las personas con discapacidad tuvieran que afrontar el envejecimiento ya que, mayoritariamente, no alcanzaban una edad avanzada y su esperanza de vida era muy corta».
Según señala la experta, la sociedad se encuentra actualmente ante un colectivo «muy amplio» en torno a la discapacidad y la edad avanzada. «Por un lado, nos hallamos ante el envejecimiento de las personas que han nacido con una discapacidad, gracias a una mejora en los cuidados y apoyos; y por otro, con aquellas personas que a lo largo de su vida han adquirido una discapacidad, probabilidad que aumenta según se avanza en edad, en un contexto de incremento de la esperanza de vida».
Ambas situaciones dan lugar a dos problemáticas comunes. «En primer lugar, impiden que las personas puedan realizar de manera autónoma las actividades básicas de la vida diaria. Y en segundo lugar, van desapareciendo las redes familiares que prestan apoyos en el hogar», explica la directora de IMQ Igurco Araba.
En relación a la idoneidad de los recursos sociosanitarios para las personas con discapacidad envejecida, la experta de IMQ Igurco plantea un debate presente en instituciones públicas, entidades privadas y sociedad en general: «¿verdaderamente debemos crear nuevos recursos para las personas con discapacidad sobrevenida y con edad avanzada o, simplemente, debemos orientar nuestros esfuerzos en mejorar los recursos existentes para las personas mayores, en donde la gran mayoría ya cuenta con una discapacidad adquirida durante su envejecimiento?».
«Según los datos recogidos en diversas estadísticas, el número de discapacidades se incrementa en base a la edad. Por ejemplo, en la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008, en el grupo de edad entre los 65 y 79 años, el porcentaje de personas con seis o más discapacidades suponía el 40,6% de la población total de personas con discapacidad. En el grupo etario de 80 años o más, ese porcentaje se incrementaba hasta el 69,8%» pone de manifiesto Beristain.
Persona diferente, vejez diferente
Cada persona envejece de un modo diferente, atendiendo a sus características personales y sociales, e independientemente de que una persona llegue o no a los 65 años o con una determinada discapacidad. «Por ello, más que una diferenciación entre recursos para personas envejecidas, atendiendo a que su discapacidad sea sobrevenida o no, la clave parte en el modelo de atención. El modelo debe ir enfocado al concepto y el constructo de ‘calidad de vida’; el Paradigma y el Modelo de Apoyos; la Planificación Centrada en la Persona; y el Apoyo Conductual Positivo», enumera.
Para la experta de IMQ Igurco, tanto el Modelo de Apoyos como el Apoyo Conductual Positivo «deben gestionarse a través de una planificación individualizada capaz de establecer qué apoyos concretos necesita la persona para conseguir sus logros y expectativas en base a sus necesidades, a sus deseos y a sus preferencias; es decir, mediante una Planificación Centrada en la Persona. En este Modelo de Apoyos, su planificación debe orientarse a la mejora de la calidad de vida de la persona, ya que es el único modo de entender que esa persona tiene unos derechos y en donde los apoyos establecidos vayan acordes con el respeto de aquéllos».
Hacia un modelo centrado en las relaciones
Durante los años de desarrollo y evolución hacia el modelo de atención centrado en la persona y tras repetidos análisis, reflexiones y debates, «se ha detectado la necesidad de desarrollar un modelo que implique más a las familias en los cuidados, así como también una mayor implicación de las y los profesionales en el ámbito emocional e, incluso, contribuir a una mayor participación del entorno y la comunidad. Debemos ir evolucionando hacia un nuevo modelo centrado en las relaciones, algo que ya estamos poniendo en marcha en nuestros centros», concluye la directora de IMQ Igurco Araba.
