Por Eva Serrano Clavero, presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME); vicepresidenta de CEIM; y vicepresidenta primera de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
Al comienzo de esta reflexión, conecto mi ordenador y observo una imagen de un bosque con animales corriendo entre flores de muchos colores, disfrutando de la vida en plena libertad. Cambio de pantalla y veo una ciudad cualquiera con gente transitando por la calle camino del trabajo, camino de su casa. Sigo navegando por Internet y observo imágenes de personas subiendo a sus redes sociales sus fotos sin censura alguna.
Todas y cada una de estas imágenes me proyectan libertad, me reflejan el derecho que todo ser vivo tiene a ser respetado en su dignidad, ya sean animales, plantas o personas.
Tras el acuerdo alcanzado por la OTAN, el pasado 14 de abril de 2021, finalmente se acordó retirar las tropas antes del 11 de septiembre de 2021 de Afganistán.
Durante el mes de agosto, hemos podido observar la crisis humanitaria y migratoria que esto ha provocado en Afganistán, ante la mirada atónita del resto del Mundo.
Y esa decisión, tras 20 años de intervención, tiene una consecuencia trascendental, tanto para la ciudadanía de Afganistán, como para las mujeres y niñas afganas, en especial.
De repente, esas imágenes de libertad, movimiento, independencia y respeto a la dignidad de las personas, se oscurecen y proyectan un claro y eminente retroceso en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas afganas.
Según la Asociación revolucionaria de mujeres de Afganistán, RAWA, hay una lista de 29 prohibiciones que van a sufrir las mujeres y las niñas bajo el nuevo gobierno de Afganistán.
Del examen y lectura de cualquiera de estas prohibiciones se pone de manifiesto que se limitan, anulan y vulneran los derechos más fundamentales de las personas y, en especial en este caso, de las mujeres y niñas.
La prohibición de no poder trabajar, que es el equivalente a impedir la independencia económica de la mujer; la prohibición de no poder estudiar, que impide la formación y desarrollo de las niñas y mujeres; la prohibición de salir fuera del hogar a menos que la mujer vaya acompañada de un Marran (hombre de la familia), conlleva la anulación de la capacidad de la persona y, en este caso, de la mujer y niña; la autorización para poder golpear, azotar o insultar a las mujeres por no cumplir las normas de vestimenta impuestas; la invisibilidad de la mujer bajo el burka es, a todos los efectos, una anulación de su persona y dignidad.
«Según la Asociación revolucionaria de mujeres de Afganistán, RAWA, hay una lista de 29 prohibiciones que van a sufrir las mujeres y las niñas bajo el nuevo gobierno de Afganistán».
Esta barbarie que vulnera todo lo establecido en los Tratados Internacionales no puede quedar silenciada, no puede ni debe prosperar, porque si es así y prospera, y cerramos los ojos y guardamos silencio, habremos fracasado, porque nuestra Carta Magna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, será papel mojado.
Los derechos reconocidos en la misma: derecho a la Vida, Libertad y Seguridad de las personas, el derecho de hombres y mujeres a ser tratados Igual, el derecho a la Educación, el derecho a la Participación, a la libertad de Opinión y Expresión, no se contemplan en ninguna de las prohibiciones impuestas por el nuevo gobierno a las Mujeres y Niñas afganas.
Los derechos de estas mujeres y niñas nos incumben a todos y, por ello, mientras no puedan tener voz, nosotros hemos de ser su altavoz y pantalla para que puedan manifestarse y recuperar los derechos fundamentales que toda persona, por el mero hecho de serlo, independientemente de su género, nace con ellos, y nadie por motivos de religión, ideología o género se encuentra legitimado para anularlos, vulnerarlos, o limitarlos.
«Los derechos de estas mujeres y niñas nos incumben a todos».
